Ayudas que no llegan: la apropiación indebida del subsidio de empleo por la pandemia. El Gobierno japonés aplicó el subsidio de empleo para ayudar a las empresas que durante la crisis de la COVID-19 pagaron la prestación por suspensión de empleo a sus trabajadores sin despedirlos.

Aunque se destinaron cerca de 5 billones de yenes a esta medida, la mayoría de los trabajadores irregulares no tiene la sensación de haberse beneficiado de ella. Muchas empresas se quedaron indebidamente con las ayudas en lugar de distribuirlas.

Ayudas que no Llegan | La Apropiación Indebida del Subsidio

Aikawa Yūko (nombre ficticio), una madre soltera en la treintena que vive en Tokio, trabajaba en una empresa que ofrece una amplia gama de servicios, principalmente en el sector de la restauración.

En abril de 2020 iba a pasar de un contrato a tiempo parcial a uno regular, pero a finales de marzo del mismo año, cuando la pandemia empezaba a propagarse, le cancelaron el contrato y perdió incluso el trabajo a tiempo parcial porque la despidieron sin más. Ni siquiera cobró la liquidación.

Un mes después de quedarse sin trabajo, recibió la llamada de una compañera de su antigua empresa con quien tenía confianza. “Ya sé que ahora hay menos trabajo por el coronavirus, pero ¿cómo estás?”, le preguntó. Cuando Aikawa le contó que la habían despedido, no daba crédito.

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Hablando con su excompañera en persona unos días después, Aikawa se enteró de que su nombre seguía figurando en el organigrama de la empresa. Una persona que, por su puesto, estaba muy enterada de los asuntos internos de la firma, la informó de que allí se recibía “todo tipo de ayudas del Gobierno”, como el subsidio de empleo por la pandemia.

Ya que dicho subsidio es un sistema para cubrir la prestación por suspensión de empleo, la condición para cobrarlo es que el trabajador siga contratado. El hijo de Aikawa iba al jardín de infancia en la época en que ella trabajaba en la empresa.

Como la escuela tuvo que cerrar en febrero de 2020 por decisión del Gobierno, la mujer se vio obligada a faltar al trabajo, pero no recibió ninguna prestación por suspensión de empleo. Es decir, que la empresa no solo recibía las ayudas públicas y no se las abonaba, sino que puede que fingiera que seguía contratada para continuar cobrándolas.

Cuando se asesoró en un organismo de bienestar social, le aconsejaron denunciar a la empresa para cobrar los subsidios pasados por lo menos, pero ella no se lanzó por miedo al coste de los abogados y sigue sufriendo su injusta situación sin poder hacer nada.

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